A 39 años del terror estatal

Roberto Lopresti

 

 

 

 

Por Roberto Lopresti*

 

El Golpe en lo local

 El gobierno de facto que surgió del golpe Cívico-Militar el 24 de marzo de 1976 pero que se posicionó territorialmente un día antes en lo que era el Partido de General Sarmiento- entonces secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, que luego serían denominadas los desaparecidos —unas sospechosas de ser guerrilleros y otras simples activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas— en centros clandestinos de detención establecidos al efecto. Gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Lo que a veces no se ha dicho es que esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Gran La Plata, región industrial de Córdoba y la zona que se va desde el Gran Rosario hasta Villa Constitución y San Nicolás.

Ya estaba decidido

Ya circulaba en 1975, según varios testimonios y entre los jefes militares golpistas, un documento de carácter secreto denominado “Orden de batalla del 24 de marzo de 1976”. El documento contenía la concepción operativa del que luego se conocería para la historia como Terrorismo de Estado finalmente implementado por militares argentinos. La modalidad de estrategia represiva a adoptar en la “lucha contra la subversión” había sido discutida desde septiembre del año anterior al golpe, según testimonió años después en su juicio el entonces general Camps. Los jefes militares acordaron que además de los cambios en la normativa legal era necesario desarrollar una estrategia clandestina de represión y que los opositores no sólo debían ser “neutralizados” sino también “exterminados físicamente”. 

El aspecto “Cívico” del Golpe

Ya a mediados de 1975 una nutrida delegación de poderosos empresarios entre los que se contaba a José Alfredo Martínez de Hoz, entonces presidente del Consejo Empresario Argentino, se entrevistó en secreto con el entonces general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad” y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran “el imperio del orden sobre todas las cosas”. A partir de esos días, los encuentros entre empresarios y altos militares fueron asiduos, con la destacada mediación de  directores de empresas como Techint, La Vascongada, Ika-Renault o Citroën. A esas reuniones concurría con el entonces almirante Eduardo Massera, jefe de la Armada.

EEUU, Kissinger y el Golpe

 Si analizamos los antecedentes en el ámbito internacional, el golpe fue imaginado, sugerido o ayudado (o los tres aspectos) por la inteligencia estadounidense y anticipado por William P. Rogers al Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, -lo que ha sido ya desclasificado- en su reunión semanal el día 24 de marzo de 1976. Este expresó su apoyo expresando el interés de Estados Unidos en el golpe, y alentarlos y no hostigarlos, a pesar de las advertencias de William P. Rogers acerca del probable baño de sangre y las matanzas no sólo a terroristas sino a disidentes en sindicatos y partidos políticos.

 Volviendo sólo a situaciones que nos pinten  aspectos históricos pero que nos ayuden a reconocer políticamente las consecuencias que luego sobrevendrían la situación de esos días, en General Sarmiento designó (RE) Coronel Héctor H. Hoffman. A lo largo de todo el período, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, designaría Interventores-Intendentes al frente de General Sarmiento: El primero fue el Coronel Héctor H. Hoffman hasta abril de 1976 -lo sacaron, dicen por “flojo”-  luego al Coronel Luis Antonio Ortelli, hasta al 6 de noviembre de 1979, luego asumirían civiles colaboracionistas.

Consecuencias Sociales, políticas y económicas

Los principales perjuicios que se impusieron a los distintos aspectos de la vida del pueblo argentino fueron: La desarticulación de la sociedad civil. La metodología y los efectos disciplinadores de la política económica y social lograron disgregar y destruir a las organizaciones populares y debilitaron profundamente los lazos de solidaridad y las formas de cooperación entre individuos o grupos. Tanto militares como los  grupos civiles que la apoyaban consideraban que las causas de la crisis social política que atravesaba la Argentina eran la “subversión y la corrupción instalada en las instituciones del Estado”. La economía, en especial el derrumbe de la productividad fue feroz, sólo restituida años después con la visión global que implementara Néstor Kirchner. La educación, la salud, la inseguridad ciudadana jamás conocería aspectos más feroces que en ese tiempo. Las relaciones exteriores y el aislamiento, como la dependencia de las decisiones de EEUU alcanzarían límites nunca vistos. El desmantelamiento del transporte interno, la moneda, el desarrollo industrial conocería su noche más negra.

Los 3 primeros años de dictadura, la prohibición absoluta de cualquier tipo de actividad pública significó también la “desaparición” de la actividad política. En ese aspecto vació de sociedad civil, la lucha de las militares contra la guerrilla no tuyo las características de una guerra, ya que no hubo enfrentamientos sino secuestros,  torturas,   asesinatos y desapariciones forzosas.

Claro que los efectos de la aplicación del terrorismo de Estado se hicieron sentir en todos los planos de la vida social. Aun cuando en el discurso militar el objetivo de la represión aparecía a una guerra “contra la subversión”.

La antojadiza caracterización por parte del elenco gobernante respecto de los potenciales enemigos fue tan amplia que, además de los miembros de organizaciones guerrilleras, entre las victimas se incluyeron sindicalistas, políticos, sacerdotes, monjas, empresarios, profesionales, periodistas, novelistas, estudiantes, niños, parientes o amigos de las víctimas, un obispo y hasta un embajador nombrado por el propio gobierno militar. La represión tuvo un carácter sistemático metódico, para el conjunto de la sociedad civil las acciones represivas aparecían como hechos arbitrarios e incomprensibles y, por eso, reforzaban el temor y el miedo. Como no había reglas que permitieran discriminar entre las conductas “permitidas” y las “desviadas”, la mayoría de los ciudadanos pasaron a percibirse como potenciales víctimas.

El resto es historia y padecimiento popular conocido, sólo este esbozo apunta a la reflexión y repudio de aquellos tristes días.

*Roberto Pedro Lopresti es profesor, abogado y militante peronista. Actualmente es referente de la organización Proyecto Nacional y precandidato a intendente de San Miguel por el Frente para la Victoria.

Adrián Carrasco Alvarez

Periodista. Director responsable.

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