Fue condenada la partera que vendía bebés

Un tribunal en San Martín condenó a Nilda Civale de Álvarez, hoy de 83 años, por tres casos de venta de niñas. Una de las hijas apropiadas inició una búsqueda por Internet hasta encontrar casos semejantes al suyo.

A algunos los vendía por el valor de un departamento. A Clara Lis Pereyra, por ejemplo, por unos pesos menos: la entregó por el equivalente de un auto nuevo. A las parejas interesadas por adquirir al contado los niños, de tez clara y “bien sanitos”, siempre les decía lo mismo: “es de una familia de buena posición económica. La mujer es demasiado joven y no quiso tenerlo”. Con las parturientas, que daban a luz en los consultorios clandestinos diseminados por el oeste del gran Buenos Aires, era menos compasiva. Marta Pérez tenía catorce años, acababa de ser mamá, y le preguntó por el sexo del bebé: ella le respondió que cerrara la boca, que nunca iba a saberlo. La mujer hoy tiene 61 años, otros cuatro hijos, pero sigue buscando aquél niño.

En un juicio que reavivó un proceso realizado hace tres años, la obstetra Nilda Civale de Álvarez fue condenada a siete años de prisión por vender a tres niñas. El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín destacó en el veredicto “el dolor de las víctimas”. Es la primera vez que se condena a una partera por la sustracción de un menor de 10 años y la ocultación de la identidad —delitos que no prescriben—, ya que hasta ahora habían sido figuras delictivas que se aplicaban para los hijos de desaparecidos. “Siento mucha alegría, que las cosas que estuve investigando durante diez años tienen sentido, a pesar del estrés emocional que me provocó”,  declaro Clara Pereyra, una de las tres víctimas de Civale en el juicio. Las otras dos fueron Patricia Uriondo y Andrea Belmonte.

Cuando Clara supo que no era hija de quienes decían ser sus padres, lo primero que hizo fue ir a Abuelas de Plaza de Mayo: su partida decía que había nacido en 1978, en plena dictadura militar. Como su abuelo había trabajado en el Instituto Geográfico Militar, le dieron turno para analizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand. Ocho meses más tarde, la llamaron para avisarle que había dado negativo. Ese día empezó su odisea. “¿Qué haces después que das negativo en la única institución que busca el origen de esos niños? Hay 6000 casos de niños que nacieron durante la dictadura y no dan con los grupos familiares que hay en el Banco de Datos Genéticos”, explica.

Clara buscó en las redes sociales y navegó en internet hasta encontrar a otra chica que tenía una partida idéntica a la suya, firmada por la misma médica. Pensaban que la profesional podía ayudarlas. Pero pronto se encontraron a Patricia Uriondo —otra de las víctimas del juicio— que había ido a verla personalmente. En el año 2000, Uriondo pidió turno para un aborto. Civale la recibió en su consultorio ilegal dispuesta a operarla. Entonces le develó el verdadero motivo de la visita: le mostró una foto de sus apropiadores —el hombre era policía—, le dijo que no eran sus padres y le rogó que ella, la firmante del acta de nacimiento, la ayudara a encontrar a los verdaderos.
—Yo no tengo nada. No me quieras ensuciar una carrera intachable—, le respondió Civale. Y la hizo acompañar por dos matones hasta la calle.

Un tiempo después, Clara Pereyra llegó hasta la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense. “Hicimos una reunión con ella y otras siete personas. Pero sólo tres se animaron a judicializar el caso”, recuerda su director, Alejandro Incháurregui, al ser consultado. En esa oficina se recibieron 2.500 casos: un 85 % son apropiaciones, y el otro 15 % adopciones en las que las personas buscan su origen. Del total, han logrado resolver aproximadamente 800. Después de agotar la vía administrativa, las tres fueron derivadas al Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Defensoría General de la Nación. Néstor Barral, Santiago Nager y finalmente Gerardo Etcheberry, las representaron. Lograron el procesamiento de Civale y llevaron sus casos a juicio.

En 2012, durante un debate oral, el TOF 2 de San Martín condenó a Nilda Civale a 12 años de prisión y una multa de 90 mil pesos por sustracción de un menor de 10 años de edad, supresión de identidad y falsificación de documento público. La defensa apeló, la Cámara de Casación Determinó que la falsificación de documento ya estaba prescripta, y ordenó que otro tribunal fijara una sentencia.

Ahora, el TOF 5 la condenó a siete años de cárcel —que se hará efectiva cuando el fallo quede firme—, sin multa. El fallo es novedoso no sólo por las figuras legales que incluyen y la reparación simbólica sobre las víctimas. También por la visibilización de un problema gravísimo. “Era una práctica socialmente aceptada. Los militares no inventaron nada, desde que nos apropiamos de los chicos de los mapuches hasta ahora”, reflexiona Incháurregui.

Sin embargo, la causa civil, donde debe investigarse quiénes son los padres biológicos de las víctimas, está paralizada hace más de un lustro en el juzgado federal de Morón. “Allí tienen una orden de la Corte Suprema para que investiguen quiénes eran nuestros padres. Y en cinco años, no hizo ni una diligencia. Dicen que no tiene información. Yo siento que hay denegación de justicia”, se queja Clara. “Es una deuda de la justicia”, agrega Incháurregui. “Se fue por el lado de la persecución penal a Civale, que está bien, pero defeccionó en el origen. Por eso estamos buscando un organismo que nos ayude a presentarnos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, completa el director del Registro de Personas Desaparecidas de la provincia.

La condena del TOF 5 es la primera ficha de un dominó que podría ser extenso. Al mismo tiempo que llegó a ser jefa de obstetricia del hospital de González Catán, Civale operó durante toda la década del ’60 y ’70 en cuevas no autorizadas del conurbano y la capital: José María Moreno 371 de González Catán, Humboldt 363 de Ramos Mejía, Mosconi al 1600 de Mataderos.

Allí hacía abortos y partos clandestinos, muchos de esos niños pasaban a ser parte de su botín de guerra, que comercializaba entre sus contactos aún no demasiado claros, probablemente entre las fuerzas de seguridad. Este año o el próximo llegarán a juicio oral otros seis casos por los cuales ya fue procesada —entre los que figura el de Marta Pérez y el de cinco varones y mujeres que buscan a sus padres—, y hay muchas partidas de nacimiento más rubricadas con su nombre cuyos dueños aún no se deciden a judicializarlo. “Estamos todos comunicados, somos como hermanos en la clandestinidad”, cuenta Clara, exultante, al otro lado del teléfono.

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Sol C.

Responsable de edición, imagen y contenidos.

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