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PorAdrián Carrasco Alvarez

Más de 500 familias reclamaron por tratamientos de fertilidad asistida

Es el número de quejas que atendió la Defensoría del Pueblo de la Provincia desde la sanción de la ley que obliga a prepagas y obras sociales a cubrir las prácticas. Dos casos reactualizan la vigencia del tema.

Laura decidió buscar un hijo mediante un tratamiento de fertilización, cuando le diagnosticaron una patología que le impedía lograr un embarazo de manera natural. Una vez que el médico le aconsejó realizar una técnica de baja complejidad, pidió a su prepaga la cobertura de los costosos remedios y fue rechazada.

El caso de Laura no es el único y forma parte del universo de más de 500 reclamos que llegaron a la Defensoría, que ahora insta a Medicus a cubrir el 100% de los remedios y de esa forma posibilitar a la mujer a llevar adelante el tratamiento.

En esa línea, el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, aclaró que “la normativa es clara respecto al acceso ‘integral’ a los métodos de fertilización asistida, los de diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo para quien lo solicite en el sistema de salud público o privado”.

“El aspecto clave de la ley es que reconoce — al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS)- a la infertilidad como una enfermedad, dando por tierra argumentos económicos de las prepagas que se niegan a cubrir de manera integral los tratamientos”, añadió Honores.

La empresa explicó que la cobertura para los remedios que se usan para estos tratamientos es del 40%. Y, por otra parte, que la mujer firmó como condición para ingresar en el sistema de la prepaga, que los métodos de fertilización quedaban fuera del alcance del plan contratado.

Sobre este punto, desde el Área de Consumidores de la Defensoría explican que “el acceso a la salud es irrenunciable, no existe la figura por la cual los consumidores y usuarios del sistema nacional de seguro de salud puedan declinar de sus derechos”.

En tanto, Laura espera iniciar un nuevo tratamiento, ya que el primero (de baja complejidad) tuvo que interrumpirse porque corría riesgo de tener un embarazo múltiple.

En el caso de Adriana, la voluntad de tener un hijo la llevó a realizar cuatro tratamientos (tres de alta complejidad, uno en 2013 y dos en 2014; y una transferencia de embriones crio conservados, en 2015), sin éxito hasta el momento.

Cuando decidió realizar otro intento, Accord Salud, el plan privado de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), se lo negó por considerar que son sólo 3 los métodos de alta complejidad que el sistema de salud tiene obligación de pagar.

Sin embargo, la Defensoría entiende que la ley garantiza el derecho a la salud y que debe ser interpretada en el sentido más amplio, y de esta manera se deben cubrir tres tratamientos de alta complejidad al año y no tres en toda su vida, ya que muchas mujeres lo necesitan.

En rigor, el texto de la normativa es claro al establecer que las obras sociales y prepagas deben cubrir cuatro tratamientos de baja complejidad anuales y cuando cita los tratamientos de alta complejidad, solo dice hasta tres con intervalos mínimos de tres meses entre cada uno de ellos, sin establecer lapso temporal en el cual deben ser contemplados esos tres procedimientos.

En este sentido, vale recordar que la Defensoría fue unos de los organismos impulsores de la ley provincial de fertilización asistida, y que lleva más de 500 casos atendidos sobre la temática.

Los principales reclamos

La negativa de las obras sociales o prepagas a cubrir los tratamientos de fertilización, los de diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo, aparecen como los reclamos que los bonaerenses más acercaron a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires desde que se sancionó la ley.

En número, 517 fueron las quejas que atendió el organismo desde la promulgación de la normativa que garantiza a las mujeres el acceso a métodos asistidos para lograr un embarazo. En detalle, el 95% de las quejas presentadas fueron resueltas, mientras que el porcentaje restante se encuentra en vías de resolución.

Los puntos más destacados de la ley nacional

La Ley nacional 26.862, (a la que adhirió la normativa provincial) y su reglamentación cubren la necesidad de ser madres o padres a aquellas personas que no pueden procrear por medios naturales.

· La Ley establece que tienen derecho a las prestaciones de reproducción médicamente asistida todas las personas, mayores de edad, sin discriminación o exclusión de acuerdo a su orientación sexual o estado civil.

· El sector público de la salud, las obras sociales reguladas y otras entidades de la seguridad social incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral de las técnicas de reproducción médicamente asistida.

· La cobertura garantizada en la reglamentación se basa en los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un enfoque integral e interdisciplinario del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y las técnicas de reproducción médicamente asistida de baja y de alta complejidad.

· En caso de que en la técnica de reproducción asistida se requieran gametos donados, la donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial.

· El ministerio de Salud de la Nación es el encargado de elaborar los criterios de habilitación de los establecimientos y las normas de diagnóstico y utilización de las técnicas de reproducción asistida para su cobertura dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).

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PorSol C.

Zabaleta enviará al Concejo Deliberante el proyecto de Defensoría del Pueblo promovido por la UCR

El intendente se reunió con el Comité de la UCR y con la concejala de Cambiemos, Marianela López, y se comprometió a impulsar la creación de este órgano que defiende los intereses de los vecinos.

El intendente Juan Zabaleta recibió ayer en su despacho a las autoridades del Comité de la Unión Cívica Radical de Hurlingham y a la concejala de Cambiemos Marianela López, ante quienes ratificó su compromiso de enviar al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que crea la Defensoría del Pueblo, una iniciativa promovida por el radicalismo local.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la mesa de diálogo permanente que el intendente mantiene con distintos dirigentes y referentes de otros espacios políticos para enriquecer la gestión pública y favorecer la apertura y el consenso. También estuvo presente el concejal Miguel Quintero, titular del bloque del FPV.

La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo e independiente que tiene como objetivo proteger y promocionar los derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional y Provincial.

Su función será defender en forma gratuita los intereses legítimos de los ciudadanos de Hurlingham frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, sus entes, sus organismos y sus dependencias descentralizadas.

El Defensor del Pueblo será designado por el Concejo Deliberante en sesiones públicas convocadas para tal fin. Para ser nombrado en el cargo deberá cumplir una serie de requisitos y acreditar idoneidad y conducta.

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PorAdrián Carrasco Alvarez

En el 2015, se registraron más de 500 denuncias diarias por violencia familiar

La multiplicación de denuncias por violencia familiar en sede policial, que crecieron 20% en 2015, y el aumento de causas judiciales que se duplicaron en los últimos cuatro años, son los datos que surgen del monitoreo de “Políticas públicas y violencia de género 2014/15” que presentó hoy la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.

El diagnóstico, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) sobre el modo en que se aborda la violencia de género en las instituciones bonaerenses, incluye propuestas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, el funcionamiento de las dependencias policiales frente a las denuncias y las intervenciones judiciales luego de sucedidos los episodios.

“Nuestro diagnóstico pretende ser un aporte para definir un nuevo plan provincial integral contra la violencia de género, diseñar acciones eficaces y que se puedan sostener en el tiempo”, sostuvo Marcelo Honores, secretario general a cargo de la Defensoría.

Honores hizo referencia al femicidio de Cintia Verónica Laudonio, ocurrido ayer en Morón, y ratificó el compromiso de la Defensoría de “trabajar en la articulación con los otros organismos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres”.

El trabajo del OVG señala que todos los años aumentan las denuncias en comisarías: en el 2015 hubo 197.037, un promedio de 535 denuncias por días, y en el 2014 fueron 162.204, un total de 445 por día.

Clasificadas aparte, durante el 2015 se recibieron 6.015 denuncias por abuso sexual en las comisarías de la Mujer y la familia.

En el ámbito judicial, explica el informe, las causas en el fuero de Familia se duplicaron del 2010 al 2014, y exceden la capacidad de respuesta de los juzgados, donde “es necesario fortalecer con recursos materiales, humanos y profesionales los equipos interdisciplinarios que funcionan en dichas oficinas”.

En el fuero Penal, por otra parte, más del 80% de las causas judiciales por violencia en que las víctimas son mujeres son tipificadas como lesiones simples y amenazas. Las  cifras de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense destacan que en el 2014 se archivaron 43.990 expedientes de esta naturaleza.

“El modelo de gestión provincial está concentrado en la denuncia, pero su crecimiento no fue acompañado por un sistema eficiente en términos de protección, contención y asistencia a las víctimas”, subraya la coordinadora del OVG, Laurana Malacalza.

En este sentido, el OVG propuso la creación de nuevos juzgados de Familia en todos departamentos judiciales, que posibiliten mayor capacidad de recepción de causas por violencia familiar y la creación de al menos una unidad especializada en delitos de violencia contra las mujeres.

Por otra parte, la Defensoría planteó la posibilidad de crear un registro de actuaciones y notificaciones que permita mejorar la comunicación entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial, y agilizar los tiempos desde que la mujer hace la denuncia hasta la implementación de medidas de protección para ella y sus familiares.

Dentro del paquete de medidas, se plantea la incorporación de un mapa que identifique las zonas donde existen medidas de protección, a fin de que el sistema 911 y las comisarías o la policía local tomen conocimiento de su existencia y garanticen su vigencia y cumplimiento.

“La correcta evaluación e identificación de las situaciones de riesgo de las víctimas, así como el establecimiento de intervenciones efectivas, son esenciales para prevenir modalidades de violencia extrema como el femicidio”, explica Malacalza.

Otros de los puntos señalados por el documento, es la inexistencia de representación jurídica gratuita de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito penal provincial, quienes quedan por fuera del proceso, en un estado de indefensión frente a las distintas resoluciones que se van adoptando.

El exhaustivo análisis comprende además algunas críticas por la falta de adecuación de los cambios legislativos necesarios en la Provincia y la consecuente responsabilidad del Estado en la asistencia y acompañamiento a las víctimas en el acceso al empleo, a la vivienda y la salud.

En cuanto a la figura del femicidio, que el código penal incluyó en el 2012, el Observatorio plantea una cierta resistencia del Poder Judicial a investigar las causas bajo esa carátula.

Acompañando a Honores y Malacalza en la presentación del informe, expusieron su visión la vicepresidenta de la UNLP, Ana Barletta; la directora del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura porteño, Diana Maffia; la periodista de Página 12 Mariana Carbajal y la coordinadora general de Futuro Transgenérico, Marlene Wayar.

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